sábado, 1 de noviembre de 2014

En 2013, los maestros; en 2014, los estudiantes

Hugo Aboites*
 
La oposición más decisiva al capitalismo neoliberal en México está surgiendo del sector educativo.
 
 La rebelión de más de 400 mil maestros en 26 estados de la República, que llevó a la ocupación del centro de la ciudad de México durante meses en 2013, y ahora la protesta de decenas de miles de estudiantes, que cada semana cierran hasta 70 planteles educativos, tienen como eje común el súbito deterioro en sus condiciones de vida.
 
 La reforma de la educación de 2013 despojó a los maestros de escuelas públicas de derechos laborales constitucionalmente establecidos, y en 2014, la bárbara violencia de agentes de un estado muy limitado por el poder económico (narcotráfico y grandes corporaciones), contra decenas de estudiantes de Ayotzinapa, está despojando a cientos de miles de jóvenes de cualquier esperanza de respeto a sus derechos más elementales, a la vida, por ejemplo. Y por eso cada día que pasa aumenta la indignación.
 
 
Desde el último tercio del siglo XX comenzó a fortalecerse el actor educativo, con el 68 como uno de sus puntos de arranque. Con las protestas y organización de los sindicatos de universitarios y con la oposición magisterial (CNTE) se continuó en los años 70 y, en los 90, con la demanda de más espacios para los jóvenes, democracia y autonomía.


Ahora, en la primera parte del siglo XXI, en un momento de tensión derivada de reformas en la educación, las movilizaciones han renacido, con fuerza nunca antes vista. Este dinamismo tiene que ver con el crecimiento del sector: en 1965, los estudiantes desde nivel básico al superior eran 8.4 millones, ahora son más de 27 millones y el número de maestros pasa de menos de 300 mil a 1.8 millones. Se trata, además, de un sector que como parte de su quehacer cotidiano realiza uno de los ejercicios políticos más importantes: pensar.


Maestros y estudiantes –a pesar del empobrecimiento de los planes de estudio– inevitablemente contrastan lo que ven (la pobreza, la violencia) con los ideales y promesas que nutrieron las luchas de los de abajo por la Independencia, la Reforma y la Revolución, y perciben más temprano que tarde la creciente disociación y pérdida que significa la ruta que desde hace años se le impone al país. Por otro lado, la escuela organiza. En ella se forman colectivos, algunos impuestos por la norma escolar; otros aparecen desde la iniciativa de los propios estudiantes o maestros.

La conciencia y la organización, va así a todos los rincones del país y constituye una de las fuerzas sociales más activas. Es, además, un sector legitimado porque representa la renovación y es visto con una casi instintiva simpatía, son los hijos, son el futuro.

 
De ahí que lo que hoy vemos es la convergencia entre las luchas desde la educación y la brutal crisis económica y de derechos que recorre al país.
 
El Estado y los sectores económicos poderosos han mostrado una incapacidad radical para asegurar a los jóvenes el derecho a la educación, al trabajo, y ahora ya ni siquiera a la vida.
 
 Todo esto está generando una inestabilidad e inquietud que ya preocupa incluso al sector empresarial. Éste acaba de manifestar en un desplegado firmado por 17 organismos empresariales su profunda preocupación, no por los desaparecidos, sino por la ausencia de un clima de certidumbre para las inversiones. No preocupa tanto la inseguridad como las protestas contra la inseguridad que cuestionan al Estado.
 
No lo dicen abiertamente, pero el énfasis está en fortalecer al Estado, en la gobernabilidad, la certidumbre. Para que las recientes “reformas tengan el resultado deseado –dicen– se requiere un marco jurídico e institucional sólido que ofrezca certidumbre a los agentes económicos y a la población en general” ( El Universal, 29/10/2014, pág.A7). El Estado, agregan, está en crisis y es necesario fortalecerlo: para garantizar la seguridad, la vigencia plena del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el país se requiere arribar a un nuevo pacto orientado a fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Llaman a promover un gran pacto que cuide de los otros pactos pero evitan mencionar el origen de las protestas (ni mención de los jóvenes muertos y desaparecidos, ni de Ayotzinapa). Y no reconocen que en los tantos años que no ha habido la actual crisis e incertidumbre, las inversiones ciertamente no han generado un número suficiente de empleos, ni una mejor distribución de la riqueza.
 
 
Como lo hizo en 2013 con la campaña de Mexicanos Primero contra los maestros, el sector empresarial se perfila en 2014 como el contendiente de quienes legítimamente protestan.
 
 La cuestión de fondo, sin embargo, es que el fortalecimiento del Estado hoy ya no puede darse sin atender e incorporar como parte de un nuevo proyecto de país las demandas de grandes mayorías, comenzando de inmediato por el cumplimiento de los derechos más elementales a la vida, la educación, el trabajo y el retorno de los ausentes.
 
* Rector de la UACM

sábado, 25 de octubre de 2014

Ayotzinapa: ocultamiento y complicidades

César Navarro Gallegos*
 
Los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos viven días de intenso dolor e incertidumbre. Han transcurrido más de 20 días del secuestro y la desaparición de 43 estudiantes y aún no hay indicios confiables sobre su recuperación.
 
La búsqueda e indagatorias realizadas por las instancias de los gobiernos federal y estatal se han caracterizado por la lentitud, confusión e ineficacia en sus resultados. El ocultamiento de los hechos ocurridos en la masacre de Iguala ha sido la constante gubernamental desde el momento en que se perpetró la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa. Al mismo tiempo se ha constatado la complicidad previamente existente entre actores y ejecutores de los crímenes cometidos: autoridades estatales, municipales, cuerpos policiacos, bandas criminales y partidos políticos.
 
El coraje y la indignación de los padres de familia y estudiantes normalistas son compartidos por la mayoría del pueblo guerrerense: maestros, comunidades campesinas e indígenas, estudiantes, policías comunitarias y múltiples organizaciones sociales, ciudadanas y defensoras de derechos humanos. La población sureña ha levantado su voz y se ha movilizado para condenar esta injusticia y reclamar el retorno de los jóvenes a los que igualmente consideran sus hijos. Las protestas, manifestaciones y denuncias por todo el país muestran que el genocidio de Iguala constituye un doloroso agravio para el pueblo mexicano.

El Presidente de la República, su gabinete de seguridad, la Procuraduría General de la República y los cuerpos policiacos de la Federación repiten a diario que su tarea más importante es localizar a los estudiantes desaparecidos y han informado la detención de decenas de policías municipales que los secuestraron y entregaron a Guerreros Unidos, así como la aprehensión de integrantes de este grupo criminal, incluido su jefe principal.

 Es de suponer que, teniendo en su poder a toda esa gente, es factible que dispongan de mayor información sobre los jóvenes desaparecidos, pero han determinado mantenerla bajo reserva. ¿De ser así, cuáles son las razones? ¿Se gana tiempo para acomodar las investigaciones y poder exonerar culpables? La tardanza y el secreto inducen a dudas razonables, si nos atenemos a las experiencias sobre otros crímenes y masacres: guardería ABC, Aguas Blancas, Acteal y muchos más.

Por lo pronto, varios actos de complicidad se han evidenciado: el ex presidente municipal de Iguala y sus acompañantes no se escaparon, como inocentemente afirma el procurador de Guerrero: seguramente fueron protegidos y apoyados para evadirse. La complicidad del gobierno y el Congreso guerrerense con las actividades delictivas del edil prófugo se han develado ahora públicamente y demostrado que los cuerpos policiacos y los grupos criminales son una misma cosa.

La vergonzosa defensa del Partido de la Revolución Democrática al gobernador de Guerrero recién defenestrado, no obstante su responsabilidad política y judicial y el rechazo de la población para que continuara en el cargo, simplemente ratifica lo que de sobra es conocido: la degradación y descomposición política de ese partido.
 
La agresión a los normalistas no fue una situación casual, como ha empezado a cantar el encarcelado jefe de los sicarios, ni daño colateral en la guerra entre grupos criminales, como pretenden algunos. Constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado y específicamente un crimen político.
 
Los que dispararon, asesinaron y desaparecieron estudiantes fueron en última instancia los instrumentos para atacarlos. Su agresión debe ubicarse como resultante del encono y linchamiento político y mediático con los que se ha perseguido a los estudiantes socialistas de Ayotzinapa.
 
 Lo inédito en esta agresión es que ahora se utilizó de manera visible al crimen organizado para reprimir una movilización social-estudiantil. En la cruzada antinormalista se han entrelazado siempre el gobierno, autoridades educativas, partidos políticos, grupos de derecha y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
 
 No los toleran por lo que son: indígenas, campesinos y pobres. Pero sobre todo por el perfil de su formación educativa y arraigado compromiso social como docentes. Tampoco les perdonan las concepciones políticas que desde sus orígenes asumieron y han mantenido los alumnos de las normales rurales.
 
La organización en la que históricamente se han agrupado es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es su espacio de organización y resistencia colectivo. Las luchas y agresiones que han enfrentado a lo largo de su historia los han educado en la pedagogía de la resistencia y la acción radical, de la que no reniegan ni han abdicado.
 
Por eso los diputados locales de Guerrero de todos los partidos están más preocupados por los vidrios rotos de su palacete que por la vida de los jóvenes desaparecidos y han propuesto reconsiderar la existencia de las normales rurales, particularmente la extinción de Ayotzinapa, y vuelven a propalar los embustes a los que se han recurrido para justificar su desaparición: nido de guerrilleros. Como muchos otros pretenden anegar el manantial de donde brotan las aguas que fluyen y alimentan el océano de la resistencia magisterial y la escuela pública.
 
* Investigador del Instituto Mora

Acerca de los bonos de despensa y previsión social.

No se les han cubierto bonos de despensa y previsión social
Piden incluir en presupuesto 2015 adeudos a los pensionados del Issste
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2014, p. 33
 
Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) solicitarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la aprobación de una partida especial para que el presupuesto 2015 considere el pago de los conceptos 02 (bono de despensa) y 03 (previsión social múltiple) que se adeuda desde 2008 a la fecha a 890 mil ex trabajadores de diversas dependencias del Estado.
 
Vicencio Chávez Romero, presidente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Profesor Elpidio Domínguez Castro, y los asesores jurídicos Enrique Rabiela Vélez y Edel Jorge Genchi, indicaron en conferencia de prensa que a cada uno de los jubilados y pensionados se les adeuda en promedio un aproximado de 17 mil 975 pesos desde hace seis años, lo que haría un total de más 65 mil millones 519 mil pesos. Aclararon que no todos los afectados se jubilaron desde 2008, por lo cual a una parte se les adeuda una menor cantidad.

Genchi indicó que hasta el momento sólo alrededor de 400 mil pensionados y jubilados han interpuesto demandas para que les retribuyan las alzas aprobadas para los dos conceptos citados. Precisó que para cubrir el pago a dichos querellantes se requieren alrededor de 10 mil millones de pesos.

Tras señalar que el instituto no ha reconocido el adeudo de los conceptos, los abogados aseguraron que éste se sustenta en los artículos 27 de la ley del Issste –el cual establece que los aumentos que se otorguen a los trabajadores en activo también deben darse a jubilados y pensionados– y el 94 del Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, que refiere que gozarán de bonos de despensas y de previsión social múltiple.
 
Asimismo, demandaron, tanto a los legisladores como a la junta directiva del Issste, sensibilidad política hacia los jubilados y pensionados e indicaron que en Morelos ya hubo una resolución favorable para una trabajadora jubilada. Consideraron que ese fallo sólo beneficia a esa demandante; si lo determinara la Cámara de Diputados, sería para todos, incluso para los que se quedaron cruzados de brazos.
 
Los abogados detallaron que las demandas, las cuales ya se realizan en varios estados, se interpusieron ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y añadieron que si el Issste impugna la determinación de esa demanda y de otras que puedan ser aprobadas, el litigio pasaría a tribunales colegiados en materia administrativa.
 
En cuanto a si la sentencia favorable de Morelos pudiera desatar una cascada de resoluciones en favor de los ex trabajadores, indicaron que esperamos que los fallos siguientes sienten jurisprudencia.
 

jueves, 23 de octubre de 2014

Injustificado, limitar a 10 minisalarios la pensión de jubilados viudos, dice la SCJN

Declaran ministros inconstitucional el artículo 12 del reglamento de la Ley del Issste.
Dichas prestaciones tienen origen distinto porque las costean personas diferentes, señala.
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2014, p. 44
 
No hay justificación alguna para que se limiten a 10 salarios mínimos las pensiones que reciben los trabajadores por jubilación y viudez, estableció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
 
Con el voto en contra de Alberto Gelacio Pérez Dayán y Fernando Franco, la sala determinó la inconstitucionalidad del artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones a los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el cual limitaba a los pensionados viudos a recibir en total el equivalente a no más de 10 minisalarios.
 
La mayoría de ministros avaló el proyecto elaborado por Margarita Luna Ramos, el cual señala que dichas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y cuentan con autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas. Además de que ambos derechos no son antagónicos ni se excluyen entre sí.
 
Agregaron que la norma citada contraviene la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social, porque restringe el derecho a percibir íntegramente ambas cuando la suma de las dos rebase los 10 salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización.
 
Al conceder el amparo a un ex trabajador al servicio del Estado, la sala precisó que la pensión por viudez proviene de las cuotas que aportó la trabajadora fallecida, y la correspondiente a jubilación se sostiene con las cuotas del pensionado viudo, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.
 
La SCJN definió que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también el principio legal de la previsión social, que se sustenta en la obligación de crear un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal al trabajador y a su familia, ante los riesgos a que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.
 
La Corte precisó que la muerte de un trabajador pensionado genera el derecho a recibir una pensión por viudez, y su pago empezará a partir del día siguiente del fallecimiento de la persona que haya originado tal pensión.
 

miércoles, 22 de octubre de 2014

Entrega Mancera dos iniciativas para desindexar el minisalario

Propone desvincularlo del pago de multas y crear la unidad de cuenta de la ciudad de México
 
La nueva forma de cobro tendría un valor inicial de 67.29 pesos
Se actualizaría con base en la inflación que reporte el Banco de México
Defiende en foro del Senado sus planteamientos.
 
Gabriela Romero Sánchez, Bertha Teresa Ramírez, Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2014, p. 39
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dos iniciativas de ley por medio de las cuales busca desvincular el salario mínimo del cobro de multas, tarifas, cuotas y pagos, entre otros conceptos, contenido en los ordenamientos legales locales, y en su lugar utilizar la unidad de cuenta de la ciudad de México (UCDMX), la cual tendría un valor inicial de 67.29 pesos y se actualizaría con base en la inflación estimada cada año por el Banco de México.
 
En la iniciativa de la ley de la unidad de cuenta de la ciudad de México se señala que ésta será el parámetro de referencia en las leyes y códigos locales vigentes para la determinación de sanciones y multas administrativas, así como de los montos que recibirán los beneficiarios de los programas sociales.
 
Al reunirse con representantes de Los Ángeles y Chicago, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, comentó que presentó a la Asamblea Legislativa la iniciativa para desindexar el salario.
 
Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, explicó que se consideran reformas a 50 leyes y cuatro códigos para sustituir el salario mínimo precisamente por la unidad de cuenta de la ciudad de México.
 
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, Esthela Damián, adelantó que existe consenso entre los legisladores para dar luz verde el próximo mes a las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo local, es decir, antes que el paquete económico 2015.
 
Por otra parte, al participar en el foro Salario, productividad y formalidad, organizado por el Senado, Mancera Espinosa defendió su propuesta y puntualizó que “no es un tema de paternidades, sino un tema de México; todos debemos –estoy seguro– sumar esfuerzos”.
 
Recordó que en el país hay 40 años de rezago salarial y 7 millones de personas ganan un salario mínimo.
 
Un primer paso para mejorar ese ingreso, abundó, es que no sea ya referente para el pago de multas y el otorgamiento de créditos hipotecarios, hay que desindizar el salario mínimo. Hay consenso en ello, aseguró; hay que regresarle el espíritu que planteó en su momento el legislador, hay que devolverle la tarea que tiene respecto de la clase trabajadora y desvincularlo no sólo de esa unidad de cuenta, sino de todas las implicaciones políticas y económicas que se le han atribuido.
 

domingo, 19 de octubre de 2014

Acerca del cambio de aseguradoras de Metlife a GNP

La Secretaría de Hacienda decidió trasladar los contratos de Metlife a GNP
 
Burócratas pagarán más por su seguro médico y recibirán una cobertura menor
Gustavo Castillo y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de octubre de 2014, p. 13
 
Por decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los funcionarios que cuentan con seguro de gastos médicos mayores (que serían aproximadamente 40 por ciento del total de empleados del Poder Ejecutivo federal) se les cambió de compañía aseguradora y con ello se disminuyeron los alcances y protección de las que gozaban, revelaron mandos de diversas instituciones federales, entre ellas de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) .
 
 
Hasta hace unas semanas, los servidores públicos que gozan de la prestación de un seguro por gastos médicos mayores, que son aquellos que tienen salarios de jefe de departamento hasta mandos de las instituciones, en el caso de Gobernación, eran atendidos por las pólizas que tenían con Metlife, pagaban lo que en la administración federal se denomina potencializaciones, es decir, aportan entre 5 y 20 por ciento de salario para mejorar sus condiciones de servicio.


Uno de los impactos del cambio de aseguradora ha consistido en que el costo del seguro se encareció 50 por ciento en cuanto a los recursos que para este beneficio aportan los burócratas, refirieron los funcionarios entrevistados.


En este último caso, por ejemplo, un director de área que quincenalmente pagaba un promedio de mil 800 pesos por ese tipo de seguro, ahora tiene que cubrir alrededor de 2 mil 700 pesos cada 15 días.


En el caso de la Secretaría de Gobernación, en cuya dependencia confluyen diversos organismos del servicio público, laboran un total de 66 mil 644 personas, de ellas se verán afectadas aproximadamente 24 mil con la medida tomada por la Secretaría de Hacienda, indicaron las fuentes entrevistadas.


En Gobernación y la CNS desde hace más de 15 días no se han recibido las pólizas de los nuevos seguros, supuestamente el plazo para ello puede tardar hasta 45 días. En ese lapso nadie puede acudir a un hospital privado y pedir atención, porque su seguro está en el limbo.


A diferencia de su anterior contrato aquellos servidores públicos que recibían atención médica por enfermedades preexistentes a la firma del contrato, ahora perdieron ese derecho. Por ejemplo, quienes tenían tratamiento para cáncer, esclerosis, diabetes y otras enfermedades, ahora su seguro ya no les cubre los servicios y medicamentos.

 
El seguro con Metlife prestaba servicios de atención médica en la cual los servicios iban desde consultas hasta cirugías y tratamientos por enfermedades prexistentes.
 
 
Quien cubriera un seguro para cuatro personas (el servidor público, su cónyuge y dos hijos) erogaba un promedio de 900 pesos que se sumaban a los recursos que paga el gobierno federal, con alcances superiores a los 80 millones de pesos en gastos médicos anuales.
 
 
En cambio, señalaron las fuentes consultadas, tras el otorgamiento de esto a Seguros GNP quedaron establecidos en número de veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y la persona del ejemplo anterior ahora debe pagar mil 300 pesos quincenales y el monto máximo que puede realizar como gastos en este tipo de servicios asciende a 69 millones de pesos entre todos los beneficiarios.
 
 
A ese respecto, explicaron, con Metlife no había problema en que se atendieran las enfermedades prexistentes a la firma del seguro, en cambio, con GNP su póliza señala que “para el asegurado titular, cónyuge, concubina, concubino o pareja del mismo sexo, e hijo dependiente económico, se cubrirán siempre y cuando no haya estado bajo tratamiento, control o estudio médico en un periodo de seis meses anteriores a la fecha de su ingreso a la colectividad asegurada.
 
 
Para el asegurado ascendiente, se cubrirán siempre y cuando su tratamiento médico o quirúrgico por una enfermedad, inicie después del tercer año de cobertura continua al momento de ingresar a la colectividad asegurada, o, en su caso, alcance dicha antigüedad sumando el tiempo en que haya estado protegido en una póliza individual o en otro certificado individual de otro contrato o póliza colectiva o de grupo de gastos médicos mayores contratada con alguna aseguradora.
 

domingo, 12 de octubre de 2014

Debemos buscar que esto sirva para acabar con la violencia en el país, dice un normalista

¿Si se confirma la muerte de nuestros compañeros, los vamos a enterrar y ya?, pregunta Omar.
 
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 7
Omar García, de 25 años, guerrerense y estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, se pregunta: ¿Y qué va a pasar si dentro de poco, ojalá y no, se confirma que los restos encontrados en las fosas de Iguala son de nuestros 43 compañeros detenidos-desaparecidos? ¿Sus padres les van a dar sepultura en el camposanto y ya? ¿Creen que van a poder comprarles su dignidad? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados?.
 
Desafiante, continúa: ¿Y qué va a pasar si detienen y sentencian a José Luis Abarca y a sus jefes y cómplices? ¿Nos vamos a desmovilizar? ¿Y si renuncia el gobernador Ángel Aguirre, de qué nos sirve? Eso también puede paralizarnos. Lo que debemos buscar es que nada de eso frene este movimiento, que apenas está tomando impulso.
 
Omar García responde a sus interrogantes con la intensidad del momento: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar.
“No lo digo porque me alegre que eso haya sucedido. Lo digo precisamente porque estuve ahí, la noche de Iguala. Oí, sentí, vi la sangre… así, no en salpicaduras ni manchas, en pedazos coagulados, a chorros. Por eso lo digo.”
En entrevista con este diario repite una frase que pesa como una tonelada. Sólo que no es suya, sino algo que repiten, en colectivo, sus compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuando se enfrascan en sus debates y análisis de coyuntura: Esta es, quizá, nuestra última lucha.
Apenas tiene 25 años, cursa cuarto semestre y quiere ser maestro de campesinos.
Esto de Iguala 2014 es diferente a todas las batallas estudiantiles que ha vivido. No es una lucha por plazas o presupuesto. No es recibir toletazos o gases lacrimógenos por romper vidrios en un edificio del gobierno. Lo que pasó el 26 de septiembre es algo tan horrible, tan trágico, que deslegitima totalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto, por la manera tan brutal de actuar de los policías municipales, por la forma en que el Ejército faltó a su obligación de detener el fuego. Los soldados hicieron todo lo contrario; no tuvieron el menor gesto de asegurar la zona mientras duró la agresión. Y me consta. ¿Por qué el Ejército dejó pasar tres horas entre la primera balacera y la segunda?
Lo primero que me vino a la mente fue Tlatlaya
Sobre lo que vivió esa noche, cuenta que él y otros compañeros llegaron de Tixtla a Iguala, cerca de la medianoche, para rescatar a los estudiantes de primer grado que habían ido a esa ciudad a botear, porque en medio del ataque de los municipales quedaron atrapados e inmovilizados.
Poco después de llegar los refuerzos estudiantiles empezó la segunda andanada de fuego graneado. El Ejército se presentó hasta que pasaron 15 minutos del segundo ataque.
Los soldados prohibieron al médico que atendiera a Édgar
“Pude escabullirme y tomé por la calle Juan N. Álvarez, corriendo, con otros. De pronto vimos a un compañero como agachado, en cuclillas. Era Édgar Andrés Vargas. Tenía un balazo en la boca y estaba perdiendo mucha sangre. Lo cargamos y apenas logramos llegar al hospital Cristina, en esa misma calle. De pronto nos rodearon los soldados. Llegaron cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron celulares. Prohibieron al médico de guardia que atendiera a Édgar.
“En ese momento lo primero que me vino a la mente –y estoy seguro de que no sólo a mí– fue Tlatlaya. Era el momento idóneo: 1:30 de la madrugada, solos en un hospital casi desértico. Incomunicados. Pensé: éstos tienen como tres horas para armar todo un escenario, llevarnos y quién sabe qué hacer con nosotros.
Cuando los militares salieron del hospital se quedaron con el herido un maestro y Omar, hasta que pudieron trasladarlo al Hospital General.
Por esa vivencia, Omar García insiste en poner atención no sólo en la agónica espera de 43 familias que ruegan que sus hijos aparezcan con vida, o se les identifique como los cuerpos encontrados en las fosas, en el peor de los casos, sino también en el destino de los heridos y sus tragedias.
Los heridos graves son: Aldo Gutiérrez Solano, por impacto en el cráneo, muerte cerebral, pocas esperanzas. costeño, de Ayutla de los Libres, y Édgar Andrés Vargas, de Oaxaca. No se conoce su evolución reciente. Estamos demandando que nos entreguen un parte médico con el diagnóstico preciso.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
Para planificar las movilizaciones futuras, Omar propone ponerse en los zapatos de los padres de los desaparecidos. Ellos son los que una noche, en asamblea, dejaron mudos, ensimismados, a los estudiantes campesinos, cuando les preguntaron: Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?.
Se talla la cara con las manos: Sólo frente a una pregunta así se puede entender la gravedad del momento, la necesidad de escalar las movilizaciones generalizadas, de pensar en vías de desobediencia civil. Y no estamos hablando de rebasar las formas convencionales de lucha; estamos diciendo que lo menos que podemos hacer es crear un clima de deslegitimización o ingobernabilidad para el régimen, porque esta situación es inaguantable en todo el país.
Aclara: “Los de Ayotzi no estamos en condiciones de dictar los métodos de lucha. Este movimiento va para largo. El hecho de que existan testigos y pruebas de que a los 43 compañeros se los llevó la policía municipal crea condiciones favorables para impulsar esa movilización generalizada. Esta es una oportunidad única para acabar con la violencia”.
–¿Por qué dice Omar García que la coyuntura ofrece una oportunidad única?
–Porque la respuesta a la primera convocatoria de protesta, el 8 de octubre, fue muy importante: más 60 lugares en el mundo, en México en 23 estados. Por primera vez tenemos una opinión pública simpatizando con nosotros a escalas nacional e internacional. Y no lo digo porque esté contento de que hayan matado a tres compañeros, desaparecido a 43 y herido a cuatro, sino en el más absoluto ánimo de que esta rabia que sentimos se convierta en un movimiento organizado que comprenda buena parte del país.
–Lo que todos preguntan ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Iguala? ¿Por qué 43?
–Mis compañeros dicen, y todos convenimos en nuestra asamblea, que si hubiéramos tenido un rifle en ese momento hubiéramos respondido. Pero nos agarraron sin piedras, sin palos, nada, porque estábamos en una colecta. Fue un uso desproporcionado de la fuerza, desproporcionadisísimo. ¿Qué argumento del Estado justifica esa acción? ¿Echarle la culpa al gobierno municipal, cuando ellos mismos formaron en las autoridades esta mentalidad de estigmatizar, perseguir y criminalizar el movimiento social? Es eso en el fondo…
–Este lunes 20 de octubre se presenta el informe de la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, pero el pasado miércoles se hizo un homenaje al general Hermenegildo Cuenca Díaz. Según esta lógica, quienes condujeron la guerra contrainsurgente son héroes. ¿Qué piensas?
–Es su versión contra la nuestra. Puede que lo que voy a decir haya quien lo considere como un discurso del pasado. Es la lucha de clases. Para nosotros nuestra lucha es justa, para ellos es injusta. Y para nosotros su represión y su impunidad son injustas; para ellos es justa.
Versión completa en La Jornada en línea http://bit.ly/117GyWU

Parlamento Europeo: el caso Iguala frenará pacto comercial con México

Llama al gobierno de Peña Nieto a esclarecer la muerte y desaparición de normalistas.
 
Patricia Vázquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 3
Cancún, Q.Roo, 11 de octubre.
Veintitrés integrantes del Parlamento Europeo demandaron el esclarecimiento de la muerte de tres alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 más. Asimismo, pidieron “que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado.
 
En una carta fechada en Bruselas el 10 de octubre, dirigida a la baronesa Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea (UE) para asuntos exteriores; a Federica Mogherini, alta representante designada para asuntos exteriores de la misma UE, y al presidente Enrique Peña Nieto, los remitentes sostienen:
 
“La sociedad mexicana, así como una comunidad internacional horrorizada necesitan saber con urgencia dónde están los estudiantes desaparecidos. Nosotros los queremos de vuelta con vida junto con sus aterrorizadas familias. Todos necesitamos saber por qué las autoridades y fuerzas de seguridad se hicieron de la vista gorda sobre los ataques, secuestros y asesinatos. Necesitamos saber a quiénes corresponden los cadáveres encontrados en fosas clandestinas” en Iguala, demandan.
 
Firmada por 23 parlamentarios europeos, la misiva destaca la necesidad de tener información sobre la cooperación que hay entre autoridades, cuerpos policiacos y el crimen organizado. Piden que las investigaciones se transparenten y se finquen responsabilidades a todos los involucrados, tanto autores intelectuales como materiales.
La sociedad mexicana necesita seguridad jurídica para su futuro. Por todo esto, nosotros pedimos al gobierno garantías reales de que la larga lista de total impunidad llegue a su fin.
 
Recordaron que el acuerdo global de 2000 y la asociación estratégica de 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.
 
“Por tanto, creemos firmeente que cualquier modernización del acuerdo global, como se prevé para el próximo 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas. El primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a escalas nacional e internacional.
 
“Estimada Baronesa Ashton, estimada señora Mogherini, estimado señor presidente Peña Nieto, ya es hora de acabar con la impunidad en México. No deben ocurrir de nuevo casos como el de los normalistas desaparecidos y de las tumbas encontradas cerca del lugar. Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, y sancionar a los responsables.
 
Exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa, concluyen.
 

Legisladores de 33 países de AL demandan poner fin a la impunidad

Piden castigar con rigor a responsables de ataques a estudiantes.

Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 3
Desde Ginebra, Suiza, legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños condenaron la desaparición y asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto que no permita la impunidad y se castigue a los responsables de esos hechos.
 
La desaparición y presunción de homicidio de los normalistas es una acción que debe ser condenada y sancionada con todo rigor por un país en el que prevalezca el estado de derecho, se advierte en ese resolutivo del Grupo Latinoamericano y del Caribe que participa en la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas.
 
Ese pronunciamiento se dio a petición de las senadoras perredista Dolores Padierna, las panistas Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas, y la priísta Graciela Ortiz –quienes integran la delegación mexicana– previo al inicio de los trabajos de esa asamblea en la que participan 744 parlamentarios de 141 países.
 
La perredista Padierna fue la que propuso que hubiera un pronunciamiento de los legisladores del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, dada la gravedad de la violación a los derechos humanos contra estudiantes de Ayotzinapa. Explicó que la policía de Iguala, Guerrero, asesinó a tres de ellos y secuestró a otros 43, mientras han ido apareciendo cadáveres en fosas clandestinas.
 
Agregó que es evidente que en México algunos organismos de seguridad están infiltrados por el narcotráfico, lo que requiere un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado, pero también un llamado internacional para que se frene la violencia de Estado.
 
La senadora panista Laura Angélica Rojas leyó la propuesta, que fue aprobada por los legisladores latinoamericanos y caribeños. En el documento piden al gobierno mexicano que, tal como estableció la administración de Peña Nieto, de que no habrá resquicio para la impunidad, se intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en México.
 
Asimismo, que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades de acción y de omisión, y se castigue con rigor a los culpables de este crimen. Piden, además, ”establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las víctimas y construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.

sábado, 11 de octubre de 2014

Estudiará la Conago la propuesta de Mancera para aumentar minisalario

Integra comisión de 11 estados para examinar el planteamiento.


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2014, p. 34
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) determinó conformar una comisión, integrada por 11 entidades del país, para analizar la propuesta de recuperación del salario mínimo presentada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la cual entregó y expuso ayer a los gobernadores en la reunión ordinaria que sostuvieron en la capital de Aguascalientes.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo local señaló que las conclusiones de este estudio se entregarán a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el propósito de implementar la estrategia que permita, en su caso, incrementar los beneficios para los trabajadores del país.
La comisión encargada de analizar el documento estará integrada por representantes de los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Morelos, Coahuila, Baja California, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y será coordinada por el Distrito Federal.
La propuesta del mandatario capitalino considera que es factible un incremento al salario mínimo en 2015, para que pase de 67.29 pesos diarios a 82.86, y seguir con esa tendencia para que de manera gradual llegue a 171.03 pesos de hoy, lo que permitirá a los trabajador acceder a la canasta básica ampliada, según los parámetros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
 

Marchan 1,500 maestros y jubilados en Acapulco

Exigen que el gobierno estatal pague bonos y prestaciones retrasadas por pensiones y SAR.


 
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2014, p. 32
Acapulco, Gro., 10 de octubre.
 
Unos mil 500 profesores y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en este puerto para exigir que el gobierno estatal pague bonos y prestaciones retrasadas por jubilación y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
 
La caminata se inició alrededor de las 10:30 horas en la subcoordinación de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación de Guerrero, ubicada en avenida Universidad.
 
Procedentes de las siete regiones de la entidad, los manifestantes marcharon hacia el asta bandera, pero luego ingresaron a la avenida Wilfrido Massieu y retornaron donde partieron.
Higinio Gallardo García, secretario general de jubilados y pensionados de la sección 14 del SNTE, indicó que a más de 7 mil afiliados no se les ha pagado un adeudo millonario por concepto del SAR, además del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado.
 
Varios marchistas portaban moños negros en señal de luto por los estudiantes de Ayotzinapa. La Asociación de Jubilados y Pensionados de Guerrero se suma al repudio por la muerte de tres normalistas y la desaparición de otros 43 en el municipio de Iguala, dijo Gallardo.
 
Además, por segunda vez en esta semana, un centenar de personas (alumnos, padres de familia y directivos de la escuela primaria Juan Escutia, de la colonia Tierra y Libertad) bloquearon la costera Miguel Alemán más de tres horas, cerca de la gasolinera de la Diana, para exigir reparar cinco salones destruidos por la tormenta Manuel en septiembre de 2013, las cuales ponen en riesgo la integridad de los infantes.
 
Ambas movilizaciones provocaron caos vehicular en la zona Dorada. Sólo seis motociclistas de la Policía Federal vigilaron la protesta. La circulación se abrió en su totalidad alrededor de las 14 horas.
 

jueves, 9 de octubre de 2014

Marchas en 25 estados para pedir justicia por Ayotzinapa

Solidaridad nacional con los familiares de los normalistas desaparecidos





 

 
 
 
 
 


















 

Periódico La Jornada
Jueves 9 de octubre de 2014, p. 5
En por lo menos 25 estados miles de personas salieron a manifestarse en favor de los normalistas de Ayotzinapa, con un mismo clamor: ‘‘¡Vivos se los llevaron, vimos los queremos!’’
 
Reclamaron y exigieron a los gobiernos municipal de Iguala, estatal de Guerrero y federal la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías con apoyo de miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
 
Las movilizaciones tuvieron lugar tanto en pequeños municipios, donde se reunieron 300 personas, hasta en ciudades como Guadalajara, donde se concentraron alrededor de 7 mil ciudadanos. En todas las manifestaciones participaron normalistas.
 
Los asistentes hicieron patente su repudio e indignación por los hechos violentos ocurridos en Iguala, que hasta ahora han dejado seis personas muertas, más de 20 heridas y 43 desaparecidas. Señalaron que se trata de las agresiones más graves contra la juventud del país en los últimos tiempos.
 
Una de las protestas más significativas se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde aproximadamente 20 mil integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizaron una marcha silenciosa ‘‘en señal de dolor y coraje’’ y por la demanda de ‘‘justicia verdadera’’.
 
En Guanajuato, unos 2 mil 300 universitarios y ciudadanos marcharon en León y la capital, en el contexto del inicio del Festival Internacional Cervantino. Portaban veladoras, cruces y pancartas con los nombres de los ausentes y leyendas como: ‘‘Mientras no haya justicia para Ayotzinapa, no habrá paz para el gobierno’’.
 
Con marchas, cierres viales, tomas de casetas, bloqueos a oficinas gubernamentales, así como instalación de ofrendas, miles de personas exigieron en 25 entidades la inmediata destitución del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y juicio político a ambos.
 
Estudiantes, maestros, madres y padres de familia, indígenas, campesinos, obreros, miembros de organizaciones civiles, de defensa de derechos humanos, sindicatos, así como integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) externaron su solidaridad a los familiares de los desaparecidos.
 
‘‘Justicia’’, ‘‘¡Dónde están, dónde están nuestros hijos!’’, ‘‘Mientras la pobreza exista las normales rurales tendrán razón de existir’’, ‘‘No represión a estudiantes normalistas’’, ‘‘Yo lucho, protesto y no me callo’’ y ‘‘No más masacres’’, fueron algunas de las leyendas plasmadas en mantas y pancartas que llevaban los manifestantes, quienes en algunos casos portaban un moño negro.
 
‘‘Gobierno fascista, mata normalistas’’, ‘‘Ayotzi somos todos, no están solos, su dolor es nuestro’’, ‘‘Normalistas, víctimas del narcoestado’’, y ‘‘¡Maestro (Lucio) Cabañas, el pueblo ya te extraña!’’, fueron otras arengas.
 
Frente a inmuebles oficiales como palacios de gobierno, congresos y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República, los manifestantes exigieron al presidente Enrique Peña Nieto poner alto a la violencia y demandaron respeto a los derechos humanos. También lanzaron consignas contra el PRD, en el que militan Aguirre Rivero y Abarca Velázquez.
 
Tensión en Guerrero
En Chilpancingo, Guerrero, 10 mil personas, entre ellas padres y madres de alumnos desaparecidos, marcharon para exigir las renuncias de Aguirre Rivero y Abarca, así como castigo a los autores intelectuales y materiales de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas. La manifestación concluyó a las 16 horas con un mitin en el zócalo. En Acapulco, 300 personas protestaron en la costera Miguel Alemán.
 
En Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta, 4 mil personas se movilizaron con la misma demanda. Al final unos 50 jóvenes irrumpieron en el palacio municipal e incendiaron muebles y papelería. También hubo protestas en Arcelia, San Marcos y Tecpan de Galeana.
 
Estados como Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Puebla, Yucatán, Tlaxcala, estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León también fueron escenario de manifestaciones en favor de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
 

sábado, 4 de octubre de 2014

Exigen normalistas presentación con vida de los 43 desaparecidos

Ocupan tres emisoras en Chilpancingo y toman una caseta de la Autopista del Sol

Realizan marcha de antorchas y un mitin en el zócalo de Chilpancingo; advierten a gobiernos federal y estatal que radicalizarán sus protestas
Solidaridad de alumnas de un plantel de Aguascalientes

Estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos realizaron una marcha con antorchas para exigir que sus compañeros aparezcan con vidaFoto Lenin Ocampo Torres
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de octubre de 2014, p. 7
Chilpancingo, Gro., 3 de octubre.
 
Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) –que aglutina a las normales rurales del país– ocuparon tres emisoras en esta capital, y después tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol. Por la noche realizaron una marcha de antorchas y un mitin en el zócalo, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace una semana, cuando fueron perseguidos y atacados por policías de Iguala.
 
Al mediodía de este viernes, los manifestantes se apoderaron de tres emisoras en el centro de Chilpancingo, donde por espacio de media hora dieron a conocer la situación. En tanto, otros contingentes de la FECSM y algunos padres de familia se trasladaron a la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México-Acapulco, donde permitieron el paso a los automovilistas a cambio de hacer solo una aportación económica y no pagar la tarifa.
 
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, propuso que se llame a declarar al diputado federal por el PRD Sebastián de la Rosa Peláez, quien según la prensa local dijo en una entrevista que se había comunicado por teléfono este jueves por la mañana con el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
 
“Eso está raro, ¿no?, porque eso quiere decir que la Procuraduría General de Justicia no está haciendo el rastreo ni monitoreando a esta persona (el edil), y que hay desinterés por tomar medidas que evitarán que burlara la acción de la justicia”, acusó.
 
Acerca de la reunión de autoridades estatales con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, señaló que por lo menos se logró el compromiso de la coadyuvancia de la dependencia en la búsqueda de los 43 estudiantes.
 
Por la noche, unos 600 miembros de la FECSM efectuaron una marcha de antorchas y un mitin en el zócalo de la capital guerrerense, donde advirtieron a los gobiernos estatal y federal que radicalizarán sus protestas.
 
Al mismo tiempo, en la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla, a la altura del municipio de Tecoanapa, campesinos y ciudadanos bloquearon la vialidad en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
 
Este sábado por la mañana se llevará a cabo una asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, en la cual se definirá el plan de acción a seguir por el magisterio nacional en solidaridad con los estudiantes de ese plantel y en rechazo a la reforma educativa.
 
Protesta desde Aguascalientes
Cerca de 200 alumnas de la Normal Justo Sierra Méndez, ubicada en la comunidad de Cañada Honda, municipio de Aguascalientes, partieron cerca de la media noche del jueves, en cinco autobuses, con destino a la normal de Ayotzinapa, Guerrero, en apoyo a sus compañeros.
 
(Con información de Claudio Bañuelos0
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